Datos oficiales revelan pagos para cubrir muertes, supuestos asaltos y detenciones injustas de parte de la patrulla fronteriza

El gobierno de los EE. UU. pagó más de 60 millones de dólares en arreglos legales por agentes fronterizos que estuvieron involucrados en muertes, lesiones al conducir, presuntos asaltos y detención ilegal, según análisis de más de 10 años de datos oficiales.

Desde que asumió el cargo Donald Trump ha estado presionando para expandir la fuerza de patrullaje en la frontera sur, insistiendo recientemente en Twitter: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden hacer su trabajo en la frontera debido a ridículas leyes liberales (demócratas)”.

Pero aunque Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional para brindar apoyo adicional a los agentes, la revisión de los datos de los asentamientos y los detalles encontrados en los registros judiciales relacionados despierta inquietudes sobre la historia de interacción de la agencia con civiles, tanto nativos como inmigrantes.

Pagos a familias de víctimas

Los casos descubiertos mediante el examen de los registros de pago de la tesorería que abarca desde octubre de 2005 hasta julio de 2017, los documentos judiciales y los informes de los medios revelan:

El gobierno federal ha resuelto al menos 20 reclamaciones por muerte injusta en nombre de CBP, pagando más de $9 millones a las familias de las personas asesinadas desde 2003, en incidentes que incluyen disparos, golpes, uso de armas Taser y accidentes de vehículos.

Cuatro personas recibieron disparos de agentes fronterizos y sobrevivieron

Se pagaron casi $47 millones por daños y perjuicios resultantes de la supuesta conducción imprudente de agentes fronterizos. De más de 1.300 de esos pagos, realizados en estados de todo el país, una revisión de 40 casos con registros judiciales disponibles encontró seis accidentes que fueron mortales y 18 que citaron lesiones graves, incluidas amputaciones y discapacidad.

Cuatro personas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente, recibieron acuerdos por haber sido deportados erróneamente. Nueve personas, incluidos tres ciudadanos, dos inmigrantes con estatus legal y dos turistas, recibieron asentamientos por detenciones ilegales de entre cuatro días y dos meses. Se pagaron más de $650,000 en acuerdos por cuatro casos en los que cuatro personas recibieron disparos de agentes fronterizos y sobrevivieron.

Perfil racial

Los datos también revelan otros $6 millones en acuerdos derivados de una gama de otras denuncias que involucran la fuerza no letal y violaciones a los derechos civiles. Las demandas fueron presentadas por hombres y mujeres que dijeron que tenían un perfil racial, fueron registrados de manera irracional, fueron detenidos durante horas y en algunos casos fueron agredidos.

Algunos describen tener armas apuntando a la cabeza; otros alegaron que los golpearon en los puestos de control, cruces de tierras, en el desierto rural, en un aeropuerto, frente a sus hijos o, en un caso, en su propia casa.

El análisis se produce después de que un agente fronterizo, Lonnie Swartz fuera absuelto el mes pasado de un cargo de asesinato relacionado con la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, quien murió luego de que Swartz disparara 16 veces desde Arizona hacia México.

“Hay toda una red de cosas que hacen que este sea un camino particularmente difícil”

De acuerdo con Chris Rickerd, de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, los asentamientos insinúan patrones de conducta indebida más amplios que no se cuestionan. “Hay toda una red de cosas que hacen que este sea un camino particularmente difícil”, dijo Rickerd, citando el temor entre las comunidades fronterizas cuyos medios de vida a menudo dependen de cruzar los puestos de control.

También señaló la negativa de la patrulla fronteriza a adoptar el uso de cámaras corporales como una barrera para reunir pruebas; y un proceso de reclamo federal que se basa en la disposición de una persona para llevar al gobierno de los EE. UU. a los tribunales, luego de ser ignorado o rechazado por la agencia.

Poderes Extraordinarios

Aunque Trump se ha sentido frustrado porque el Congreso rechazó la financiación de otros 5.000 agentes fronterizos, la patrulla fronteriza ya es la agencia federal de cumplimiento de la ley más grande y financiada.

Es parte de la agencia paraguas US Customs and Border Protection (CBP), que tiene aproximadamente 60,000 empleados divididos en cuatro divisiones principales: oficiales que inspeccionan las importaciones; una división aérea y marina; agentes que proveen personal a los puertos de entrada – aeropuertos internacionales, puertos marítimos y cruces de tierra – y los aproximadamente 20,000 agentes de la patrulla fronteriza, que están concentrados en el sudoeste pero estacionados a nivel nacional.

La patrulla fronteriza goza de poderes policiales extraordinarios. Los agentes operan en puntos de control donde detienen a los automovilistas todos los días sin sospecha, y en el interior del país hasta 100 millas, pueden abordar aviones, trenes y autobuses. No existe un límite geográfico al que los agentes puedan realizar paradas en medio de patrullas itinerantes, aunque se requiere técnicamente que tengan una sospecha razonable para hacerlo.

Preguntas sin respuestas

Aunque los datos estudiados son extensos, aún no dan una idea completa de todos los arreglos a través de pagos que se efectuaron. Los datos solo representan los pagos realizados desde el Fondo de Sentencia del gobierno federal, que paga cuando una agencia no tiene fondos disponibles para compensar un reclamo por daños y perjuicios.

El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz de CBP, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre ningún pago adicional que haya realizado directamente. Cuando se les preguntó si las denuncias civiles dan lugar a revisiones internas, un vocero de la CBP dijo que no, porque la agencia ya habría revisado cualquier incidente que involucrara lesiones o muerte, de acuerdo con la política.

La Junta de Revisión del Uso de la Fuerza de la agencia ha investigado 30 incidentes significativos desde junio de 2015. Cada uno de sus 17 informes hechos públicos ha considerado el uso de la fuerza cumpliendo con la política de la agencia. La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional dijo que solo en casos muy raros de asuntos de gran interés e importancia pública revisará cualquier problema relacionado con un litigio civil.